¿Què esconden con las DOS reformas al MISMO artìculo 141 del Còdigo Fiscal de la Federaciòn?

Autor: Dr. Carlos Marx Barbosa Guzmàn.
Premio Estatal al Mèrito Jurìdico 2018.
Correo: inaicalp18@outlook.es

Introducciòn.

En tiempo récord, revirtieron la reforma al artìculo 141 del Código Fiscal de la Federación, una modificación que duró 100 días antes de que la misma Presidenta que la impulsó, la mandara revertir, por lo que surge la pregunta: ¿correciòn de error u ocultamiento de un plan perjudicial?

Palabras clave.

Ley tributaria, fisco, reforma, recaudación, sanción, aseguramiento de bienes, deudor, estrategia, evasión.

Desarrollo

La reforma al artículo 141 del Còdigo Fiscal de la Federaciòn que entró en vigor el 1 de enero de 2026, obligaba a cualquier contribuyente que quisiera impugnar un crédito fiscal, a primero depositar efectivo antes de ofrecer cualquier otro medio de garantía.

La justificación oficial era combatir a los grandes contribuyentes que usan los juicios como táctica dilatoria para no pagar, pero hay un dato que lo destruye como argumento, el 99.98% de los contribuyentes registrados en México son personas físicas y PyMES.

Por lo que, los “grandes evasores” que supuestamente usan los litigios como escudo, son el 0.02% del padrón de contribuyentes; es decir, la bala supuestamente dirigida para el 0.02% les pegó a todos.

Pero eso no es un error técnico, un yerro no se revierte con 418 votos a favor en la Cámara y 95 en el Senado en cuestión de días. Eso es una señal de que alguien jaló demasiado fuerte una cuerda que todavía no está lista para tensarse, y por ello es que surge la pregunta: ¿de qué cuerda estamos hablando?

El 19 de marzo de 2026, mismo día que se publicaba la iniciativa para revertir el 141, la Presidenta estaba en la Convención Bancaria anunciando que el objetivo es hacer obligatorio el pago digital en gasolineras y casetas de peaje antes de que termine el año.

El 6 de abril, presentó el plan para que cualquier persona pueda abrir una cuenta bancaria sin RFC, sin trámites, desde el teléfono, mismo modelo aplicado en India, Brasil y China.

Esto no es una coincidencia de calendario, se trata de una agenda y tiene un nombre que los gobiernos del mundo llevan décadas construyendo con mucho cuidado bajo el concepto de “modernidad e inclusión financiera”, que es la guerra contra el efectivo.

El 8 de noviembre del 2016, el primer ministro de la India apareció en cadena nacional y sin previo aviso, anunció que a partir de medianoche los billetes de 500 y 1,000 rupias (el 86% de todo el efectivo en circulación) dejaban de ser moneda legal y que los ciudadanos tenían hasta el 30 de diciembre para depositarlos en un banco, con la amenaza de que el efectivo perderìa su valor para siempre.

El argumento oficial de ese país, fue combatir el dinero negro, la corrupción, el terrorismo y modernizar la economía, ¿haz escuchado algo similar en Mèxico?.

Lo que pasó en realidad fue que el 99.3% de esos billetes regresó al sistema bancario; sin embargo la corrupción NO disminuyò, y esto fuè debido a que el dinero negro NO estaba en efectivo, porque nunca estuvo ahí, las investigaciones fiscales mostraban que el componente en efectivo del dinero ilegal era apenas el 6%, el resto estaba en inmuebles, metales preciosos, activos en el extranjero y estructuras corporativas opacas, exactamente igual que en México y en otros paìses.

Lo que pasó después con India, es que millones de ciudadanos que nunca habían tenido cuenta bancaria, forzosamente tuvieron que abrir una. Los que operaban en efectivo por necesidad, por costumbre, por desconfianza o por convicción, de repente y ante la amenaza de perder su dinero, no tuvieron otra opción.

En pocas semanas, el sistema de pagos digitales de India (el UPI) se volvió masivo y hoy es uno de los sistemas de pago instantáneo más avanzados del mundo. El gobierno lo presenta como un logro de modernización, pero lo que no dicen es cómo se forzó a esa adopción: quitándoles la alternativa.

Actualmente, 137 países que representan el 98% del PIB global están desarrollando o piloteando sus propias monedas digitales de banco central (las llamadas CBDC). En mayo del 2020 sòlo eran 35 paìses, pero en menos de seis años se multiplicó por cuatro.

China ya tiene 2,250 millones de billeteras digitales del yuan electrónico en operación. La Unión Europea está en fase de preparación para el euro digital. Brasil tiene el Pix. India tiene el UPI. Suecia lleva una década reduciendo el uso de efectivo a niveles que hacen que algunas zonas rurales ya no puedan operar con billetes.

Pero hay una pregunta que nadie está haciendo: ¿por qué los gobiernos del mundo entero, al mismo tiempo, quieren eliminar el efectivo?

Porque eso es exactamente lo que está pasando y México no es la excepción, es el nuevo capítulo de un libreto que ya se ensayó en India, China, Suecia, Brasil y que se está escribiendo ahora mismo en la Unión Europea, es un libreto que va mucho más allá de recaudar impuestos.

Sin embargo, Estados Unidos es el único gran país que frenó este proceso, y lo hizo porque entendió lo que significa: la pèrdida de la libertad. Y para blindarse, la Cámara de Representantes aprobó la Ley Anti-CBDC de Estado de Vigilancia (anti-Control Total del Estado).

El argumento de quienes impulsaron dicha Ley en Estados Unidos fue claro y directo: “el yuan digital chino tiene fechas de vencimiento programables, el gobierno puede emitir dinero que expira si no lo gastas en cierto tiempo, que solo puede usarse en ciertos lugares, que puede ser congelado, reducido o cancelado unilateralmente”.

El gobierno estadounidense, con toda su historia de vigilancia masiva, consideró que eso iba demasiado lejos. En efecto, el país que construyó la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) NO aceptò el uso masivo el pago en la vìa digital.

El efectivo tiene una propiedad que la historia de la humanidad tardó siglos en construir y que estamos a punto de perder sin haberlo decidido conscientemente: es anónimo por diseño y ademàs representa la libertad.

Eso protege muchas cosas, tales como son: Protege al periodista que paga una fuente, protege a la víctima de violencia doméstica que necesita moverse sin que su agresor sepa dónde está, protege al ciudadano común que simplemente prefiere que su banco no sepa en qué gasta su dinero un sábado por la noche pero también protege al evasor fiscal, al narco y al corrupto, ademàs de que el efectivo se pude utiliza AÙN cuando no haya energía eléctrica o a pesar de que se haya caìdo el sistema o que no haya iternet, con el dinero físico puedes comprar comida, agua, etc.

El argumento gubernamental es que vale la pena sacrificar la privacidad de todos para capturar a esa minoría. Lo que nunca te preguntan es si tú estás de acuerdo con ese intercambio y ademàs de que al gobierno NO le interesa si se perjudica a los menores de edad o a los adultos mayores que se les difuculta el uso de las tecnologías, o a las personas que viven en los pueblos donde no hay internet o a los analfabetas o a las personas que padecen trisomía 21 y demás casos.

Porque la arquitectura de una moneda digital de banco central no es solo una forma de pagar más rápido, es la capacidad del Estado de ver cada transacción de cada ciudadano en tiempo real y del poder de CONGELAR cuentas sin orden judicial.

Ademàs de que con la moneda digital, el Gobierno puede programar el dinero que solo puede gastarse en ciertos productos, en ciertas fechas, bajo ciertas condiciones, de excluir del sistema económico a quien el poder considere indeseable, sin que esa persona pueda comprar comida, pagar renta o moverse.

Esto no es ciencia ficción, es lo que China ya puede hacer hoy con el yuan digital y es exactamente la arquitectura que el resto del mundo está construyendo, con distintos grados de transparencia sobre sus intenciones, y eso es precisamente lo que ya se quiere imponer en Mèxico.

Ahora, regresemos al tema del artículo 141 del CFF, con todo esto en mente.

Una reforma que obliga a inmovilizar efectivo dentro del sistema bancario para poder defenderte legalmente ante el SAT, no es solo una medida procesal, es parte de una estrategia de captura financiera, porque si tu efectivo tiene que estar bancarizado para poder ejercer tus derechos, entonces el Estado decide cuándo y cómo puedes ejercerlos, no con una ley que lo diga explícitamente, sino con una mecánica que lo hace inevitable.

Imaginemos que tu dinero digital lo programen solo para pagar comida y gasolina, pero que no lo puedas utilizar para hacer el depòsito de un embargo de parte del SAT o del IMSS, y que por esa falta de depòsito de garantìa, no puedas liberar tus sellos fiscales.

La reforma del numeral 141 del Còdigo Fiscal de la Federaciòn, se revirtió no como una victoria de respeto a los derechos del contribuyente, sino porque llegó demasiado pronto.

México es todavía una economía donde el 80% de las transacciones diarias se hacen en efectivo. Donde 8 de cada 10 cuentas en una gasolinera se pagan con billetes, donde más de 32 millones de personas trabajan en la informalidad y no tienen cuenta bancaria, no por ignorancia, sino porque llevan décadas aprendiendo a desconfiar de los bancos y del fisco.

No puedes eliminar el efectivo por decreto cuando màs de la mitad de la economía depende de él para sobrevivir. India lo intentó en 2016 y el caos fue monumental, por lo que el objetivo declarado fracasó, pero la bancarización forzada funcionó.

Y ese es el manual que se está siguiendo en Mèxico, solo que con más paciencia y mejor vocabulario llamado: “Inclusión financiera”, “Modernización”, “Simplificación”, “Combate a la informalidad”. Todas son frases verdaderas y al mismo tiempo incompletas, porque ninguna te dice que perderemos la libertad financiera en ese intercambio.

El efectivo es la última forma de transacción que no requiere permiso de nadie, no necesitas una cuenta, no necesitas que un banco te apruebe, no necesitas que el SAT te autorice, no necesitas señal de internet, ni preocuparte que no hay sistema, no necesitas que ningún servidor gubernamental esté en línea, simplemente funciona con o sin energía elèctrica, entre dos personas, sin intermediario, sin registro, sin rastro, en total libertad.

Eso, desde la perspectiva de un Estado que quiere recaudar más, controlar más y vigilar más es un problema, no porque el efectivo sea inherentemente criminal, pues la mayoría del efectivo que circula en México es de personas que trabajan de manera honesta, compran, venden y pagan con billetes porque así funciona su mundo cotidiano, sino porque el efectivo crea espacios de autonomía económica que son opacos al poder.

La pregunta que debería estar en el centro del debate público mexicano no es si el SAT tiene razón en querer cobrar más eficientemente. La pregunta es: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra autonomía económica individual a cambio de mayor eficiencia fiscal del Estado?

Lo que está pasando es una serie de reformas técnicas, anuncios en convenciones bancarias, iniciativas de “inclusión” y ajustes al CFF que parecen medidas administrativas razonables, pero que con el mapa mundial que se ha descrito en párrafos anteriores, cuentan una historia diferente.

En conclusiòn, la rectificación a la reforma del aràbigo 141, fue solo un jalón de una cuerda que se está enrollando alrededor de algo que la mayoría no lo està notando, hasta que sea demasiado tarde: la posibilidad de existir económicamente fuera de la vista del Estado.

Pero cuando nuestra libertad econòmica física desaparezca, no va a haber ningún transitorio de 30 días para recuperarlo.

Es cuànto.

* CARLOS MARX BARBOSA GUZMÁN,  es Licenciado en Derecho. Cuenta con una especialidad en Comunicación, Es Maestro en Derecho Procesal Laboral, Egresado con Mención Honorífica,  Es Maestro en Derechos Humanos y libertad religiosa.  Es  Maestro en Derecho Fiscal.  Es Doctor Honoris Causa, por la Universidad de España y México;  Es Doctor en Anticorrupción y Sistema de Justicia.  Es  Agente  Capacitador aprobado por la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal.  Fue galardonado con el  Premio  Estatal  al  Mérito  Jurídico  2018.  También fue  galardonado con la medalla nacional “Legión de Honor 2019”.  De igual forma, en el año 2020, recibió el Galardón por 25 años de trayectoria como articulista. En abril del 2022 recibiò el premio “Micròfono de Oro” por difundir la cultura jurìdica en Mèxico.  En 2023 recibiò la presea “Justicia Social” por parte de la FEMECA.  En 2025 tambièn recibiò la presea “Justicia Social” por parte de la FENALT.  Es autor de 9 libros de derecho y en enero de los años 2023, 2024 y 2025, fue reconocido por la revista “Defensa Fiscal”, como uno de los fiscalistas màs importantes de Mèxico.