“La carga tributaria en el pago de pensiones: el costo del envejecimiento”
Autor: Dr. Carlos Marx Barbosa Guzmàn.
Premio Estatal al Mèrito Jurìdico 2018.
Correo: inaicalp18@outlook.es
Introducción.
México tiene proyectado destinar 2.2 billones de pesos para pensiones el año 2026, eso es casi uno de cada dos pesos que recauda en impuestos, pero tenemos otro gran problema: La población en México, se está poniendo viejo y rápido.
Palabras clave
Ingresos, presupuesto, pensiones, impuestos, SAT, recaudación, vejez, nueva generación, seguridad social.
Proteger a los adultos mayores es una prioridad social legítima.
Asì es, porque se trata de un tema de seguridad y justicia social, pero hacerlo a costa de sacrificar la inversiòn en quienes sostendrán la economía en los próximos años, compromete el crecimiento y el bienestar a largo plazo, confirmàndose lo anterior, porque en la actualidad 17.1 millones de mexicanos tienen màs de 60 años, lo que representa el 13% de la poblaciòn, pero se estima que para el año 2050 seràn 35.4 millones.
Conforme a los datos del INEGI, cada vez hay menos personas trabajando para sostener a más personas jubiladas, hay mas desempleo y por otro lado hay màs empleo informal; por lo tanto, se vislumbra una especie de pirámide que se está volteando, y por ello los analistas estiman que la situación de la carga para cubrir pensiones seguramente explotarà entre el 2030 y el 2035, debido a que los trabajadores bajo la Ley del 73 del IMSS, reciben pensiones mucho màs generosas que las actuales, aunado a que un pensionado promedio vive entre 23 a 28 años después de jubilarse.
Es por ello que el Gobierno encontró una soluciòn fácil, sin haber realizado estudios profesionales serios y sin análisis de impacto a la economía, sino que se le ocurriò una salida improvisada: el aumento y la creación de nuevos impuestos.
En el paquete económico 2026,Hacienda aumentará un 5.2% el dinero que se va a pensiones contributivas y universales, lo que orillò a llevar a cabo una reforma fiscal que le permita mantener ese nivel de gasto, porque uno de los principales factores de riesgo fiscales es el envejecimiento de los mexicanos y aún cuando Mèxico cuenta con una base poblacional joven, las proyecciones indican que esta condición se modificará gradualmente: mientras que este 2025 la población de México mayor a 60 años será de aproximadamente 17.1 millones de personas, equivalente al 12.8% de la población total, para 2050 se estima que alcanzará los 35.4 millones de personas, lo que equivaldrá al 24.1% de la población total.
Bajo ese tenor, el gobierno estima que mediante la incorporación de un nuevo jugador en las rentas vitalicias, la evolución de las reformas a los sistemas de ahorro para el retiro de 2020 y mediante modificaciones a la ley del seguro social, se puede aminorar la carga tributaria, pero mientras eso sucede el gobierno proyecta la repartición de 14.2 millones de pensiones para el Bienestar con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de este sector de la población, ante la narrativa de que estos apoyos están ayudando a que las personas salgan de la pobreza, lo cual ese método artificial en realidad, de manera paulatina pone en riesgo la economía del paìs.
En 2024, la pobreza en México cayó a su nivel más bajo en ocho años ante los incrementos al salario mínimo y la dispersión de los programas sociales. Las cifras del INEGI, publicadas el mes pasado, destacan que aunque México logró reducir la pobreza y la pobreza extrema, pero casi 42 millones de personas siguen siendo vulnerables.
¿Cuàl es la posible solución?
En las últimas dos décadas se ha hablado de que México tiene un bono demográfico y que hay que aprovecharlo. Sin embargo, el bono se está desperdiciando por las condiciones socioeconómicas que no ha podido superar y por la falta de herramientas que permitan a los mexicanos hacerlo valer. Además, cada día que transcurre está más cerca de comenzar su declive.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) ha identificado al bono demográfico como un potencial de crecimiento que resulta de los cambios en la estructura de edad de la población, especialmente cuando las personas en edad de trabajar, que oscilan entre 15 y 64 años, son más que las personas dependientes (menores de 15 años y mayores de 65).
Éste se da por la incorporación de las mujeres a la vida productiva y por la disminución en el número de hijos por familia, por lo que hay menor población dependiente por cada matrimonio. En el caso de los menores, las familias pueden destinar más recursos para cada hijo, lo cual incrementa su salud y nivel educativo.
El bono demográfico puede ayudar a lograr un crecimiento económico más rápido y a reducir la presión de egreso de las familias, que podrían aumentar los ingresos de los miembros que trabajan y la esperanza de vida de todos sus integrantes. A nivel macro, los recursos ahorrados en manutención o los activos acumulados por las personas que se van a retirar, se pueden aprovechar para realizar inversión social relevante y para acceder a otros bienes y servicios.
Pero los beneficios del bono demográfico no se dan en automático, para aprovecharlo, se requieren políticas públicas efectivas que permitan aprovechar la estructura poblacional y que aumenten la productividad. Entre ellas se pueden encontrar la inversión para mejora en competitividad en educación, salud e infraestructura, el avance en las condiciones laborales, así como incentivos para ahorrar más y gastar menos.
Ahora bien, el aprovechamiento del bono demográfico no es permanente, pues su pico máximo se presentò en 2019, y a partir de ahí comenzó a disminuir paulatinamente, y podrìa evaporarse alrededor del año 2040.
Por lo tanto, la falta de aprovechamiento del bono demográfico que son los jóvenes que, por todo tipo de circunstancias, no estudian y no trabajan, de los cuales hay unos 6 millones en México, que al no participar en actividades productivas, los jóvenes y sus familias ven disminuido su ingreso, su nivel de vida y su consumo per cápita, lo cual ha quedado reflejado con el informe dado por la OCDE, que refiere que la improductividad del sector cuesta 1% del PIB por año.
Por el otro, la CEPAL ha señalado que el narcotráfico está ganando el bono demográfico en México, al reclutar de manera masiva e incluso violenta, a los jóvenes en su etapa productiva.
En el caso de los jóvenes que sí llegan a estudiar, el panorama también es complicado y se manifiesta en tres casos representativos. El primer caso trata del bajo nivel educativo: si bien el analfabetismo se ha reducido en las últimas décadas, la gran mayoría de los jóvenes, 11 millones aproximadamente, apenas concluyen la educación secundaria, no pudiendo comenzar o terminar la educación media superior. Esto los expone a ser candidatos a trabajos de poca sofisticación, altamente automatizables y vulnerables ante el avance de la Cuarta Revolución Industrial, o acceder a trabajos en condiciones laborales injustas.
El segundo caso trata de la incursión y estadía de los jóvenes en el sector informal. Entre las diversas causas del fenómeno se encuentran la incapacidad del sector formal para proveer oportunidades adecuadas a jóvenes buscando empleo, a la falta de esquemas laborales competitivos, a la existencia de mejores ingresos en el sector informal y al mal empate de oferta y demanda en el mercado, traducida en la existencia de pequeñas empresas poco productivas que emplean a muchos trabajadores autónomos.
La permanencia de los jóvenes en la informalidad los priva no solo de prestaciones y de acceso a la salud, sino de la obligación del ahorro para el retiro. En cambio, la informalidad priva al gobierno del llamado bono fiscal, aquella recaudación que se puede aprovechar por estar tomando ventaja del bono demográfico, sobre todo cuando hay un pico de personas trabajando.
El tercer caso se trata de la mala asignación entre las personas estudiadas y las ofertas laborales que se les presentan.
Pero si eres joven, tu futuro fiscal está sujeto a sostener a una población cada vez más envejecida, por lo que si tienes un negocio, debes prepárate para posibles aumentos porque las empresas suelen ser un blanco cuando se necesita más dinero, ya que el sistema tal como está, se està volviendo insostenible.
Por ende, conforme avance el ciclo demográfico y envejece la población, la tasa de dependencia económica hará lo propio, por lo que cada vez los jóvenes tendrán que mantener un mayor número de menores y a personas de la tercera edad.
Ademàs de que, en caso de que no se incremente la productividad, o que las personas que integran el bono no tengan capacidad de ahorro, costará cada día más trabajo generar y acumular el valor para satisfacer a los dependientes, lo cual pone una importante presión en el gasto fiscal en el largo plazo.
Esto se puede contrarrestar parcialmente alargando la vida productiva de los trabajadores, lo cual también requiere una mayor inversión en salud y bienestar, porque los jóvenes de las generaciones Millennial y Centennial, no solo tendrían una juventud económicamente complicada, con mayor pobreza y menores oportunidades que las que tuvieron sus padres, sino que también tendrían una vejez poco favorable, ya que no contarán con las generosas pensiones a las que están contribuyendo. Así, el no aprovechar el bono demográfico implicaría que la posibilidad de desarrollo futuro del país también estaría en riesgo.
A pesar de la multidimensionalidad e hipercomplejidad de los temas alrededor del bono demográfico, se pueden dar visos de orden para ir atacando los frentes. En primer lugar, es necesario aprovechar el pico de personas en edad productiva, por lo que una prioridad clave es la generar un número masivo de empleos y mientras más productivos, mejor.
Estos esfuerzos deben contemplar los avances tecnológicos, con ciclos cada vez más cortos y que tienden a desaparecer puestos de trabajo. Aquí se tiene que encontrar un adecuado balance para que la implementación de la tecnología tenga un objetivo de incremento de la productividad del sistema y no únicamente de disminución de costos.
Igualmente, se tendrá que contemplar la subida de los sueldos, que más allá de las tan temidas presiones inflacionarias, deberá darse en un balance que incluya la recuperación del poder adquisitivo, así como un buen amortiguamiento de las fuerzas geográficas y tecnológicas sobre los salarios.
En el aspecto geográfico, México tiene algunos de los salarios más bajos de la región latinoamericana y del mundo emergente, y los más bajos del bloque norteamericano. Esto puede ser usado como una ‘ventaja competitiva’ por enésima vez. Pero también tiene una mano de obra de calidad heterogénea, desde de clase mundial hasta muy básica, dependiendo de la industria y tecnología que se trate.
También se tendrá que apoyar la incursión de las mujeres en el mercado laboral, ya que, además de que no tienen equidad en la remuneración, merecen más flexibilidad para alcanzar su desarrollo personal y profesional. Este incluye medidas como el apoyo para el cuidado de los hijos, el aseguramiento de la calidad en las guarderías y el impulso de la participación de los hombres en el hogar. Esto liberaría el llamado bono de género, inherente al bono demográfico.
Un programa integral y a la altura de la coyuntura también debe contener un esquema de reinserción armónica para migrantes, auto deportados y “dreamers” que se asentarán en México, al menos en el corto plazo. Debe incluir la convalidación de estudios y la participación en el mercado laboral. Algunos de estos esfuerzos ya existen, pero la diferencia será su integración y el apuntalamiento para aprovechar la coyuntura. Mientras los migrantes pueden traer nuevas habilidades y conocimientos al sistema, su juventud también puede estimular el retraso de la decadencia del bono demográfico.
Autor: Dr. Carlos Marx Barbosa Guzmàn.
Premio Estatal al Mèrito Jurìdico 2018.
Asimismo, el emprendimiento en sus diferentes facetas puede jugar un papel importante, pudiendo ir desde el apoyo al autoempleo, al financiamiento, a la continuación con los programas de PyMEs y emprendedores, al impulso a las mejores prácticas de gobierno corporativo en las “startups”, entre otras iniciativas.
Igualmente, se tienen que mejorar las condiciones laborales, de forma que se combine la flexibilidad de la economía informal con la eficiencia de escala y con la productividad del sector formal. Será necesario mantener la red de seguridad mínima por desempleo temporal, la cual puede dar claridad de maniobra a personas en una transición laboral difícil.
En el aspecto educativo, se tiene que estimular la capacitación y la transición educativa para que los trabajadores, puedan adquirir habilidades distintas y dominar tecnologías nuevas. Esto se tiene que hacer con velocidad, asertividad y visión; de lo contrario, se corre el riesgo de que nuestra fuerza laboral esté obsoleta antes de que comience a trabajar. Los esquemas tienen que facilitar que las personas se capaciten de 3 a 6 meses y cumplan ciclos de trabajo de 3 a 5 años, donde se desenvuelvan en las nuevas industrias y tecnologías.
Posteriormente, se tendrán que establecer más mecanismos que fomenten el ahorro tanto para el corto plazo como para el retiro, pudiendo incluir incentivos fiscales, acceso a servicios de salud y reingeniería de las políticas de jubilación y de pensión. El aumento en las tasas de ahorro nacional puede incidir en la productividad del capital acumulado e inhibir el ahorro.
Los cambios en los sistemas de pensiones y la extensión de la vida laboral, requerirán la mejora de las condiciones de vida de la población, las cuales no son idóneas dados los altos índices de desarrollo de obesidad, padecimientos cardiacos y enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, que acortan el tiempo de jubilación. Por lo que el abaratamiento de los costos de salud y el enfoque preventivo serán clave para la población joven.
En síntesis, el aprovechamiento del bono demográfico representa uno de los retos más grandes que tiene México. Mientras las circunstancias nos han distraído para considerar a las juventudes y al bono demográfico como claves para el desarrollo del país, es el mismo peso de la coyuntura el que nos exige que tomemos las medidas para arreglarlo, siendo importante poner esta situación como una de las prioridades de la agenda, a la altura de la inseguridad y de la erradicación de la corrupción.
Es cuànto.
* CARLOS MARX BARBOSA GUZMÁN, es Licenciado en Derecho. Cuenta con una especialidad en Comunicación, Es Maestro en Derecho Procesal Laboral, Egresado con Mención Honorífica, Es Maestro en Derechos Humanos y libertad religiosa. Es Maestro en Derecho Fiscal. Cuenta con 2 Doctorados Honoris Causa; Es Doctor en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Es Agente Capacitador aprobado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. Fue galardonado con el Premio Estatal al Mérito Jurídico 2018. También fue galardonado con la medalla nacional “Legión de Honor 2019”. De igual forma, en el año 2020, recibió el Galardón por 25 años de trayectoria como articulista. En Abril del 2022, Recibiò el Premio Nacional “Micròfono de Oro”. En Diciembre del 2022, Recibiò el Premio Nacional de locución. En 2023 recibiò la presea Justicia Social, de parte de la FEMECA. En 2025 tambièn recibiò la presea Justicia Social, de parte de la FENALT. Es autor de 9 libros de derecho y desde enero de los años 2023, 2024 y 2025 2025 ha sido reconocido por la revista “Defensa Fiscal” como uno de los fiscalistas màs importantes de Mèxico.
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